¿LA CÁRCEL DE LATACUNGA SE PODRÁ IR DE LA CIUDAD?

CrcelLatacungaEn el fragor de la competencia electoral, uno de los precandidatos a la Alcaldía de la Urbe, ha propuesto la realización de una Consulta Popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la permanencia del Centro de Rehabilitación Social en el territorio de nuestra otrora isla de paz, la “ex” tranquila Latacunga.

Respecto a ello, vale la pena hacerse dos preguntas ¿El Alcalde puede convocar a consulta popular de propia iniciativa para algo “tan delicado”? y si se la convoca ¿El resultado favorable a la propuesta, cumplirá su objetivo y por ende, la “cárcel” saldrá de Latacunga?

Sobre la primera pregunta, el artículo 104 de la Constitución permite a los GADs consultar a la ciudadanía sobre asuntos de su interés, dentro de sus competencias, siempre y cuando se tenga el respaldo de las tres cuartas partes del Concejo Municipal (es decir 8 de sus 10 miembros), lo que supondría que el primer “escollo” que el próximo Alcalde tendría que superar, sería obtener al menos 7 de los 9 votos de Concejales, algo que con la división del próximo Concejo, se ve, por lo menos, complicado.

Superado este inconveniente, vale la pena determinar si el Concejo Municipal ¿tiene la competencia para proponer el tema, considerando que la cárcel es de carácter regional y fue una obra construida con planificación nacional? He aquí el dilema principal, en mi criterio, una vez revisado el artículo 57 del COOTAD, el Cabildo no posee la facultad de pronunciarse sobre la seguridad ciudadana, sino que más bien es el Alcalde quien puede coordinar acciones para ella, sin embargo de lo cual, el artículo 60 de la misma norma, faculta a la Autoridad Ejecutiva a coordinar acciones para precautelar la seguridad, lo que evidentemente no significa pronunciarse sobre la política de rehabilitación social nacional, por ende, jurídicamente, es inviable que el próximo Alcalde o incluso el Cabildo que se posesione en mayo del 2019, pueda consultar a la ciudadanía la permanencia o no de la cárcel.

Ahora bien, “supongamos” –sí, en comillas- que omitiendo estas disposiciones la Corte Constitucional de su veredicto favorable para la realización de la Consulta ¿Latacunga puede determinar la modificación de la política nacional de Rehabilitación Social? Nuevamente la respuesta es no, el artículo 6 del Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social, le da al Ministerio del Interior, la Dirección y Administración de los Centros de Rehabilitación, por lo cual, aún la voluntad popular, no hará que se cambie la decisión de tener la cárcel en nuestro terruño.

Finalmente, no todo está perdido, lo que sí puede hacer un Alcalde, es coordinar acciones con la Policía Nacional para dotar de seguridad a la ciudadanía, reforzar a la Policía Municipal, diseñar una política de alarmas comunitarias, incentivar a los latacungueños a volver al barrio como organización segura y edificar planificadamente nuevos UPC ¡La batalla contra la inseguridad es de todos!

 

CesarLuisBarthelotti